Guía actualizada en 2026. Normativa pública resumida para desarrolladoras, con sus fuentes.
Prohíbe el alquiler inferior a 45 días en el distrito de Panamá sin permiso de alojamiento público turístico.
Multas de la Autoridad de Turismo de Panamá entre 5.000 y 50.000 dólares, incluida la promoción del servicio sin permiso.
Regula el régimen de propiedad horizontal y faculta a los jueces de paz para resolver conflictos por esta actividad.
La restricción de los 45 días aplica al distrito de Panamá. Otros destinos del país, como Playa Venao, no están sujetos a ella.
Infografía
Tres piezas encadenadas: la regla de los 45 días, el permiso y el régimen del edificio.
Por debajo de 45 días, en el distrito de Panamá, alquilar deja de ser arrendamiento y pasa a ser alojamiento turístico.
Ley 80 de 2012, art. 21 →Hace falta el permiso de alojamiento público turístico. Sin él: multas de 5.000 a 50.000 dólares, también por anunciar.
Qué es el permiso →Los propietarios ceden su unidad a un operador autorizado, que responde de la actividad con un solo estándar.
Cómo opera una PH turística →Fuera del distrito de Panamá la regla de los 45 días no aplica; cada destino tiene su marco.
En esta guía
La Ley 80 del 8 de noviembre de 2012, que promueve la actividad turística en Panamá, contiene en su artículo 21 la disposición que condiciona todo el mercado de renta corta en la capital: prohíbe el arrendamiento de inmuebles por un periodo inferior a 45 días en el distrito de Panamá a quienes no cuenten con permiso de alojamiento público turístico.
La lógica de la norma es que cualquier estancia por debajo de ese umbral deja de ser un arrendamiento y pasa a ser alojamiento turístico, una actividad reservada a establecimientos autorizados por la Autoridad de Turismo de Panamá. El objetivo declarado fue proteger a la industria hotelera formal y garantizar condiciones de competencia equivalentes.
La Autoridad de Turismo de Panamá es la entidad facultada para sancionar. Las multas oscilan entre 5.000 y 50.000 dólares según la gravedad y la reincidencia. Un punto que suele pasarse por alto: la promoción del servicio sin permiso también es sancionable, lo que incluye publicar la unidad en Airbnb, Booking o cualquier otra plataforma.
A esto se suma la Ley 284 de 2022, que regula el régimen de propiedad horizontal y faculta a los jueces de paz para resolver los conflictos que la actividad genera dentro de un edificio. En la práctica, un propietario puede enfrentar dos frentes: la sanción administrativa y el conflicto con la asamblea del PH.
La restricción de los 45 días es territorial y se circunscribe al distrito de Panamá. Fuera de él, la actividad de corta estancia no está sujeta a esa prohibición, lo que explica por qué destinos de playa y provincia operan con un marco distinto.
Para un desarrollador esto tiene una consecuencia directa: el mismo producto puede ser viable o inviable según el distrito, y esa es una de las primeras verificaciones del estudio de viabilidad. Es también uno de los criterios de admisión de Domus.
Es la vía que han adoptado los desarrollos recientes de la capital para operar dentro de la ley. El esquema es el siguiente: el complejo se constituye bajo un régimen de propiedad horizontal de uso turístico y los propietarios de las unidades las ceden a un operador, que es quien ofrece el alojamiento a terceros al amparo del permiso correspondiente.
Dicho de otro modo: el cumplimiento normativo no es un trámite del comprador, es una función del operador. Un desarrollo que vende unidades como inversión de renta corta sin resolver esta capa está trasladando un riesgo legal a sus propios compradores.
01
Si el proyecto está o no dentro del distrito de Panamá.
02
Si el reglamento permitirá la actividad turística, y si el articulado está redactado en consecuencia desde el inicio.
03
Quién lo tramita, quién lo sostiene y qué obligaciones fiscales conlleva.
04
Accesos diferenciados, área para front desk, almacenamiento operativo y circulación de servicio.
05
Qué se promete en la sala de ventas y bajo qué condiciones se cumple.
Las cinco se verifican en el estudio de viabilidad, antes de comprometer producto.
No, si la estancia es inferior a 45 días y no cuenta con permiso de alojamiento público turístico. La prohibición del artículo 21 de la Ley 80 de 2012 alcanza también a la publicación del anuncio. La alternativa legal es que la unidad forme parte de un complejo en régimen turístico operado por un tercero autorizado.
Entre 5.000 y 50.000 dólares, aplicadas por la Autoridad de Turismo de Panamá según la gravedad de la falta y la reincidencia.
La prohibición de los 45 días se refiere al distrito de Panamá. Playa Venao no está sujeta a ella. En Bocas del Toro han existido restricciones en puntos concretos, por lo que conviene verificar la situación específica del emplazamiento antes de proyectar.
El reglamento de propiedad horizontal puede condicionar o impedir la actividad, y la Ley 284 de 2022 habilita a los jueces de paz para dirimir estos conflictos. Por eso el articulado del reglamento debe redactarse contemplando la actividad turística desde la constitución del régimen, no modificarse después.
Sí. Existe un debate abierto sobre una regulación específica del alojamiento de corta estancia que contemplaría el registro ante la DGI, el pago del ITBMS y la potestad de la asamblea del PH para autorizar la actividad. Al tratarse de un marco en evolución, conviene verificar el estado vigente antes de tomar decisiones de producto.
Esta guía resume normativa pública con fines informativos y no constituye asesoría legal. Para decisiones de proyecto, consulte con un abogado especializado en derecho inmobiliario panameño. Fuentes: Ley 80 de 2012 (art. 21), Ley 284 de 2022, Autoridad de Turismo de Panamá.
03
Cómo proyectamos la rentabilidad una vez resuelto el marco.
Lo verificamos en el estudio de viabilidad: distrito, régimen de PH, permisos y diseño, antes de comprometer producto.
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